La clase política, que permite, facilita y alienta -habrá que preguntarse por qué- la implantación de un modelo económico basado en una sola actividad: determinado tipo de hostelería asociado a una forma específica de entender la diversión y el turismo. En lugar de cumplir con su tarea de proteger a la ciudadanía e intentar revertir la situación, le resulta más sencillo y beneficioso aliarse con quienes causan los problemas, impulsando un tipo especial de gentrificación.
Los dueños del capital, que ven en los bares y en los pisos turísticos una forma rápida de hacer negocio, con la que sustituir opciones de inversión menos rentables en la actualidad. Es significativo el número de locales que tienen como socios a empresarios del sector inmobiliario y/o relacionados con los políticos.
Gracias a todos ellos el barrio deja de serlo para convertirse en un basurero, en un macroespacio para el desahogo y para acumular la porquería que el resto de la ciudad no quiere ver. Externalizar los costes, se llama.
Pero lo que más rabia me causa es el bajo nivel de las justificaciones con las que los implicados intentan esconder su egoísmo. Demasiadas veces han recurrido ya a que con la situación actual se “da vida” a las calles; a ver si se enteran de que la vida surge de diversificar la actividad comercial y económica y de contar con parques, plazas y dotaciones culturales o deportivas repartidas por el espacio público. O se inventan ese nuevo derecho a la diversión -entendida solo como ir de bar en bar, tirar mierda en la calle, gritar hasta reventar y celebrar despedidas de soltero con charangas- que parece estar por encima del respeto a las únicas víctimas de este tinglado, a las que nadie interesa escuchar, que somos las y los vecinos. A fin de cuentas, qué importamos menos de 11.000 personas en comparación con el dinero que se genera en nuestras calles. Ya nos iremos, ahora que tanto estorbamos.
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